La Cámara de Diputados se ganó por mérito propio el mote de “Cámara de la Vergüenza”, al constituirse en un verdadero bastión en defensa de sospechados de hechos graves de corrupción, frenando el castigo institucional. La mayoría propia colorada (43 de 80) permitió que la ANR controle a su antojo denuncias graves contra intendentes, gobernadores, la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez y el ex ministro de la Corte Antonio Fretes.
Este periodo legislativo 2018-2023 que está por culminar estuvo marcado por una mayoría propia colorada integrada por 43 diputados, que hizo un juego de tira y afloje como oposición y oficialismo, supo unirse para salvar a nefastos personajes políticos afines al Partido Colorado. En esta se verá si la ANR mantiene este dominio.
Sobre todo, la bancada cartista (Honor Colorado), que llegó a aglutinar a 27 de los 43 colorados, encontró aliados entre los oficialistas y entre los liberales (sobre todo llano-cartistas) para frenar intentos de juicio político, intervenciones y proyectos que afectaban a los intereses de su líder, el expresidente Horacio Cartes.
Los colorados unidos sostuvieron en dos ocasiones al gobierno de Mario Abdo Benítez y el vicepresidente Hugo Velázquez, salvándolos de ser destituidos vía juicio político.
El primero se planteó en el 2019 tras el escándalo del “acta entreguista” de Itaipú firmado con Brasil, por el cual se pretendía pagar más por el precio de la energía utilizada por nuestro país, pese a que históricamente Paraguay entregó su excedente al Brasil a precio irrisorio.
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