Nuestra Constitución establece, en su Artículo 62, que se “reconoce la existencia de los pueblos indígenas, definidos como grupos de cultura anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo”.
Es una disposición generosa que algunos sinvergüenzas han aprovechado para construir un esquema para apropiarse de recursos del pueblo paraguayo con la excusa de los pueblos originarios y para cobrar, también, el dinero que, para destruir las instituciones nacionales, se reparte por instrucción del Foro Económico Mundial.
No es ningún accidente, ninguna casualidad, ninguna coincidencia gratuita que el globalismo haya instalado en América Latina la violenta reivindicación del indigenismo, que en Chile ha llegado ya al terrorismo mapuche, por ejemplo.
Los que creen que eso pasa nomás, no leen nada, o no entienden nada, o son cómplices activos de este programa político alentado desde Davos.
Reconocer la existencia de pueblos indígenas, definidos como grupos de cultura anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo, debía implicar por parte de nuestro Estado un pormenorizado estudio sobre las comunidades que reclaman la calificación de “anteriores a la formación y organización del Estado” pues no todos los grupos indígenas pueden alegar semejante situación.
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