El espectáculo del juicio político al contralor general José Enrique García en el Senado, ayer, que culminó con la renuncia del funcionario antes de finalizar el procedimiento, se pareció a una comedia de la que uno ríe mucho pero, si lo piensa un tanto, lo invaden después cierta angustia y ganas de llorar.
Tal vez la característica más notable del juicio iniciado el martes fue que nadie, ni defensores ni acusadores, parecían sinceros. Para decirlo mejor, parecieron guardarse de revelar sus verdaderas motivaciones o intenciones.
El contralor García fue nombrado en noviembre de 2016, es decir durante el anterior periodo legislativo, mediante un pacto entre colorados y sectores de izquierda. Previamente, estuvo como asesor legal en la Municipalidad de Asunción donde una negligencia suya le costó a la institución perder un juicio millonario. Sin bien hubo un “arreglo” entre la Comuna y la empresa Ivesur, hasta ahora hay un millonario reclamo de dinero de parte de los abogados de la contraparte.
Desde el principio, García arrastró la sospecha por ser un funcionario opositor en el principal organismo de control del Estado, que llegó al cargo con el respaldo del oficialismo.
Con la asunción del nuevo gobierno colorado, García se acercó a los liberales como manera de tener respaldo político. Su enfrentamiento con la fiscal general Sandra Quiñónez derivó en revelaciones sobre millonarios depósitos bancarios de dudoso origen que hizo y que lo pusieron en el foco mediático.
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