En el afán de consolidar la transparencia con relación a temas que van desde la investigación de delitos tributarios hasta el lavado de dinero, el Congreso y, en este caso concreto, en la Cámara de Senadores, se aprobó el proyecto de ley “Que modifica el artículo 7, inciso e, de la Ley Nº 6104/18, que modifica y amplía la Ley Nº 489/95 Orgánica del Banco Central del Paraguay”.
El artículo 7 a modificarse tiene como objetivo exceptuar del “deber del secreto” las informaciones, datos y documentos de terceros que obren en poder del Banco Central del Paraguay (BCP). Se considerarán informaciones aquellas proveídas por las personas que son funcionarias o hayan sido funcionarias como sujetas al derecho de hacer saber de lo que conocen a la Comisión de Investigación.
Para ser más precisos, se refiere a informaciones, datos y documentos de terceros, de carácter reservado en el ámbito financiero, lo que implica que el secreto bancario estará –de aprobarse el mencionado proyecto– sujeto a su desaparición del orden jurídico nacional.
Una persona que dejó de pertenecer al BCP y habiendo tomado conocimiento de informaciones, datos y documentos de terceros igualmente de carácter reservado también se encontrará afectada por esta disposición. La causa está en la interpretación antojadiza y extensiva del artículo 195 de la Constitución Nacional por parte del mismo Congreso, lo que implica la autoatribución de facultades, sin mediar límite alguno excepto el de la coyuntura política.
La Comisión de Investigación formada por miembros de ambas Cámaras del Congreso a tenor del artículo 195 de la Constitución Nacional tiene ciertamente la atribución de hacer comparecer a un funcionario en ejercicio de sus funciones a suministrar información y documentaciones. Reitero, la Comisión de Investigación lo puede hacer. Sin embargo, aquí hay que hilar fino para no tener que terminar por destruir el incipiente estado de derecho en el país.
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