Está próximo a realizarse un juicio oral y público en el marco de un proceso penal abierto contra dos abogados civilistas, José María Galeano y Federico Arce, ambos acusados por el agente fiscal Giovani Grisetti por el supuesto hecho punible de usurpación de funciones públicas.
Está próximo a realizarse un juicio oral y público en el marco de un proceso penal abierto contra dos abogados civilistas, José María Galeano y Federico Arce, ambos acusados por el agente fiscal Giovani Grisetti por el supuesto hecho punible de usurpación de funciones públicas. La causa se origina en una notificación de demanda realizada al diputado Yamil Esgaib, quien, posteriormente, presentó una denuncia contra personas innominadas.
Según relató el abogado José María Galeano a Judiciales Net, el caso se convirtió en un verdadero calvario para acceder a la carpeta fiscal, y recién se enteraron de la imputación por medio del juzgado de garantías. Galeano afirmó que, tras cuatro meses intentando conocer los detalles del proceso, recién cuando recusaron al fiscal Grisetti pudieron acceder al expediente, lo que les permitió comenzar a preparar su defensa. Hasta ese momento, nunca fueron citados ni a declaración indagatoria, salvo pocos días antes de la audiencia preliminar.
El abogado señaló que el caso fue manejado con extremo sigilo, y cuando finalmente accedieron al expediente ya se habían tramitado todas las diligencias investigativas, incluidas pericias, sin su participación o conocimiento. Añadió que, desde el inicio, recibieron un trato hostil por parte de la unidad del fiscal Grisetti, con quien intentaron en múltiples ocasiones reunirse para conocer las razones detrás de la imputación. Sin embargo, el agente fiscal les negó acceso al expediente bajo el argumento de que «no eran partes», a pesar de que ya figuraban como imputados en la causa.
Para el profesional imputado, no se cumplen los requisitos legales para sostener la imputación por usurpación de funciones, ya que el oficial de justicia cuya función supuestamente fue usurpada no es un funcionario del Poder Judicial, ni recibe remuneración del Estado. Por el contrario, son las partes quienes le proveen los recursos para realizar las diligencias de notificación. Aun así y contra toda lógica jurídica, según sostiene Galeano, ambos profesionales están a las puertas de un juicio oral donde se debatirá el caso.
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