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Managua, 2 feb (EFE).- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, de mayoría absoluta sandinista, aprobó este miércoles una reforma a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, que es rechazada por la banca privada con el argumento de que pone en riesgo al país de pasar de la lista gris a la lista negra que impone el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La enmienda, que prohíbe a la banca cerrar cuentas a los usuarios de manera unilateral o sin notificar la causa, fue aprobada con el voto de 74 diputados del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y sus aliados, frente a 14 que votaron en contra, dijo en el pleno el titular del Parlamento, el oficialista Gustavo Porras.
Según la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), esa norma viola el derecho a la libre empresa, promueve prácticas que incitan al lavado de dinero, y expone a Nicaragua a quedarse fuera del sistema financiero global.
Durante el debate, el legislador Byron Jerez, aliado de los sandinistas en el Congreso, explicó que la enmienda busca que el sistema financiero no cierre las cuentas de aquellos nicaragüenses que sean sancionados por Estados Unidos, ni la de sus familiares.
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