El caso del diputado colorado oficialista Ulises Quintana, preso en Viñas Cue por presuntos lazos con el narcotráfico y que está en campaña para ser candidato a intendente de Ciudad del Este, pone en el escenario nacional cuestiones sobre las que la mayoría de los políticos y la sociedad en general evita debatir.
De fondo, subyace un tema que en algún momento se deberá abordar, al menos si queremos evitar terminar siendo un Estado fallido: el financiamiento de la actividad política en nuestro país con dinero de dudoso origen (para decirlo elegantemente).
El caso concreto del diputado Quintana trasciende lo legal. La Constitución y el Código Electoral lo habilitan a candidatarse mientras no exista una condena judicial firme en su contra.
La discusión apunta a la legitimidad de que compita en las elecciones una persona que está acusada de tener vínculos con el narcotráfico.
Cuando se habla de este tema, abunda la hipocresía porque se lo trata como si fuera algo aislado o como si Quintana fuese el primer candidato polémico que tenemos en el escenario político.
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