El MOPC concedió las tareas de fiscalización de la duplicación de las rutas 2 y 7 al único consorcio en carrera que no estaba denunciado ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Antes de eso, dejó competir a otros oferentes con graves antecedentes.
El consorcio C&D-ELC (Enrique De Beitia) fue adjudicado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para hacerse cargo de la fiscalización de las rutas 2 y 7, cuya ejecución arrancará en mayo del próximo año, según reveló ayer a nuestro diario la Ing. Claudia Centurión, directora de Proyectos de la citada repartición estatal.
La oferta presentada por el consorcio adjudicado es de US$ 8,5 millones y para darle este contrato, el MOPC tuvo que descalificar las propuestas de dos empresas que previamente aparecían como “favoritas”, pero que tenían denuncias ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Una de las ofertas descalificadas (de US$ 10,2 millones) pertenece al consorcio Typsa-Caen. Typsa es la compañía que por un contrato con la adjudicada para las obras (Sacyr-Ocho A-Mota Engil) se estaba haciendo cargo del diseño de la misma, y pretendía fiscalizar lo que ella misma diseñó.
En el otro caso se estaba ante la oferta de un grupo que tenía denuncias de haber acreditado como experiencia un supuesto contrato que nunca tuvo en Brasil. Se trata del consorcio Concretmat, cuya oferta era de US$ 7,6 millones, y contra el que también había una investigación en la DNCP.
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