Desde su acto fundacional, el Estado paraguayo moderno reconoce de manera explícita una base ética trascendente. La Constitución Nacional del
Desde su acto fundacional, el Estado paraguayo moderno reconoce de manera explícita una base ética trascendente. La Constitución Nacional del Paraguay de 1992 se abre con una declaración inequívoca: el Preámbulo establece que el pueblo paraguayo dicta su Carta Magna “invocando a Dios”, reconociendo la dignidad humana y reafirmando los principios de la democracia republicana.
Esta invocación no es un adorno retórico ni una concesión simbólica: expresa una concepción del orden jurídico en la que la ley positiva se apoya en valores superiores que orientan la convivencia social y el ejercicio del poder.
Este principio se refuerza con una disposición concreta y operativa: nadie puede asumir funciones públicas sin jurar o prometer cumplir la Constitución. El artículo 144, titulado “De la renuncia al juramento”, consagra la obligatoriedad de este acto solemne como condición indispensable para la incorporación a cualquier cargo público, en concordancia con los reglamentos internos de cada uno de los poderes del Estado.
En la práctica institucional, este mandato se cumple sin excepciones. El presidente y el vicepresidente de la República juran ante el Congreso Nacional del Paraguay, conforme a la Constitución y a las normas de ceremonial.
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