Jorge Rubén Vasconsellos La imputación presentada contra el Ministro de la Corte Suprema de Justicia, Sindulfo Blanco, por el supuesto hecho punible de prevaricato, ha generado todo tipo de reacciones y comentarios. Como consecuencia de ello, la imputación presentada por el Ministerio Público ante el Poder Judicial, que refiere a los mismos hechos, y atribuye la misma calificación penal, está destinada al fracaso, pues, si tal como se presume, Blanco resulta absuelto por senadores, seguirá ejerciendo el cargo, con todas las prerrogativas que la Constitución le atribuye, inclusive, la inmunidad de proceso, lo que impediría que la imputación prospere. En un comunicado difundido el jueves pasado, los magistrados de la Circunscripción del Alto Paraná, cuya Superintendencia se encuentra a cargo del mismo Blanco, expresaban: “Emitimos este comunicado solicitando el acompañamiento de todos los magistrados y nos declaramos en vigilia por la independencia del Poder Judicial, a fin de que podamos aplicar la Ley según la sana crítica y libre de injerencias de fuerzas oportunistas que buscan socavar los cimientos de la República y convertirla en una tiranía del oscurantismo medieval agazapada en la trinchera mediática como un legado de una tiranía depuesta, pero aún vigente en ciertos actores del Ministerio Público, que antes que construir, violentan y resquebrajan las instituciones de la República. Por estas razones, los Magistrados Judiciales del Alto Paraná, nos declaramos en Sesión Permanente y adoptamos como medida de protesta la comparecencia a nuestros despachos sin el rigorismo correspondiente (vestimenta informal)”.- Este comunicado, como otros, antes que procurar la defensa de la independencia del Poder Judicial, delata la falta de confianza que merecen sus miembros, pues, si la imputación contra Blanco carece de fundamentos, se supone, que el juez de la causa (integrante del mismo Poder Judicial) resolverá conforme a derecho.
La imputación presentada contra el Ministro de la Corte Suprema de Justicia, Sindulfo Blanco, por el supuesto hecho punible de prevaricato, ha generado todo tipo de reacciones y comentarios. Una verdadera guerra de hinchadas, en la que unos manifiestan su contento, mientras otros su desaprobación. Lo único que ha estado ausente es el análisis sereno de la situación, y sus consecuencias.
Precisamente, es el ministro Blanco quien se encuentra sometido a un Juicio Político ante la Cámara de Senadores, en cuya tramitación se evidencia la absoluta irresponsabilidad de nuestros parlamentarios. Diputados que han incumplido el rol que se les asignara, como fiscales acusadores, y senadores que se ausentan de las sesiones, sin motivo válido.
Se sospecha –inclusive– que la irresponsabilidad de estos últimos, permitirá la absolución de Blanco, por no reunirse los votos necesarios para su destitución (mayoría absoluta de dos tercios). Es decir, existe el riesgo de que el enjuiciado siga dictando resoluciones judiciales, desde el más alto Tribunal de la República, como consecuencia de una absolución que no proclame su inocencia.
Por falta de responsabilidad y coraje de nuestros “representantes”, es posible que la ciudadanía deba seguir padeciendo innecesariamente a un juez sobre quien pesan serios indicios de mal desempeño y la comisión de hechos punibles.
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