El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) dejó de ser un órgano de control judicial para convertirse en un bastión de impunidad. Lejos de ejercer su función constitucional de investigar y sancionar a jueces por mal desempeño, corrupción o venalidad, opera como un blindaje institucional para proteger a magistrados cuestionados. En Alto Paraná, este fenómeno […]
Sistemáticamente, el JEM ofrece impunidad a jueces corruptos e incapaces. En la gráfica, tres de los miembros más influyentes del Jurado.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) dejó de ser un órgano de control judicial para convertirse en un bastión de impunidad. Lejos de ejercer su función constitucional de investigar y sancionar a jueces por mal desempeño, corrupción o venalidad, opera como un blindaje institucional para proteger a magistrados cuestionados. En Alto Paraná, este fenómeno se refleja con claridad en los casos de Carlos Vera Ruiz Díaz y Cinthia Garcete, dos jueces con extensos antecedentes de fallos escandalosos, quienes gozan de total impunidad gracias al encubrimiento sistemático del JEM.
El caso más reciente que generó indignación fue la escandalosa liberación del narcotraficante Celso Darío Eladio Maldonado Florentín, detenido con 17,4 kilos de cocaína. Gracias a un procedimiento abreviado avalado por el juez Carlos Vera, el fiscal antidrogas Elvio Aguilera y el fiscal adjunto Jorge Sosa, el imputado recibió una condena simbólica de dos años, con pena suspendida. El fallo, dictado el 25 de abril de 2025, permitió que el condenado saliera libre con la simple obligación de donar G. 200.000 mensuales a una entidad benéfica.
La resolución, que aplicó arbitrariamente el artículo 43 de la Ley 1340/88, fue calificada por juristas como un “marco penal ficticio” utilizado para justificar una liberación previamente pactada. No existe constancia alguna de colaboración real del imputado con la justicia, lo que convierte el fallo en una burla a la lucha contra el narcotráfico.
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