El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) ha vuelto a quedar en el ojo de la tormenta, acusado de otorgar títulos de propiedad irregulares a extranjeros en tierras destinadas a la reforma agraria. El caso más reciente, ocurrido en la Colonia Limoy 2, fracción Vy’a Renda, en el departamento de Alto […]
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) ha vuelto a quedar en el ojo de la tormenta, acusado de otorgar títulos de propiedad irregulares a extranjeros en tierras destinadas a la reforma agraria. El caso más reciente, ocurrido en la Colonia Limoy 2, fracción Vy’a Renda, en el departamento de Alto Paraná, pone de relieve la incapacidad y, peor aún, la complicidad de este organismo en la perpetuación de un sistema que despoja a los campesinos paraguayos de sus derechos más básicos.
¿Qué ocurre cuando una institución encargada de velar por la distribución equitativa de la tierra se convierte en el principal obstáculo para el cumplimiento de esta misión? Familias como las de Luciana Pacheco y Jorge Rotela, que han ocupado y trabajado estas tierras por más de tres décadas, hoy enfrentan intentos de desalojo liderados por extranjeros que exhiben títulos de dudosa procedencia. Estos campesinos han cumplido con todas las obligaciones establecidas por la ley y, aun así, el INDERT los deja a merced de intereses foráneos que, con títulos presumiblemente falsificados, buscan...
El problema no se limita a la colonia Limoy 2. En Hernandarias, la situación se repite con el intento de ocupación ilegal de 591 hectáreas de tierras públicas por parte de brasileños, que han registrado parcelas de la finca 31510, propiedad del INDERT, a su nombre en el Registro Nacional de Catastro. Las leyes, como el Código Agrario y la Ley de Seguridad de Frontera, parecen no ser más que papel mojado cuando los poderosos intereses económicos entran en juego.
El silencio y la inacción del presidente del INDERT, Francisco “Pancho” Ruiz Díaz, no son casuales. Bajo su gestión, el ente agrario parece haberse paralizado, limitándose a entregar títulos de administraciones anteriores mientras el país arde en reclamos de justicia. A la vista de todos, pero especialmente de los más vulnerables, el INDERT ha dejado de ser una institución confiable, convirtiéndose en un vehículo de perpetuación del latifundio y el despojo.
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