Una de las primeras medidas del flamante fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández, fue el cambio de denominación de la Unidad Especializada de Lucha contra la Violencia Familiar, que ahora se denominará «Unidad Especializada de Lucha contra la Violencia Familiar y de Género», y cuya competencia se enmarcará en los delitos contemplados en […]
Una de las primeras medidas del flamante fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández, fue el cambio de denominación de la Unidad Especializada de Lucha contra la Violencia Familiar, que ahora se denominará «Unidad Especializada de Lucha contra la Violencia Familiar y de Género», y cuya competencia se enmarcará en los delitos contemplados en la Ley 5777/2016 de “Protección Integral a las Mujeres y contra toda forma de Violencia”.
La Ley Nº 5777/16, tiene por objeto establecer políticas y estrategias contra toda forma de violencia hacia la mujer, mecanismos de atención y medidas de protección, de sanción y reparación integral, tanto en el ámbito público como en el privado; con la finalidad de promover y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Pues bien, resulta Art. 268 de la Constitución Nacional, establece como deber y atribución principal del Ministerio Público, velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales.
Uno de esos derechos y garantías constitucionales, es la PROTECCIÓN de TODAS las personas en su integridad. El Artículo 4 refiere literalmente a que “Toda persona será protegida por el Estado en su integridad física y psíquica…”
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