A mediados de octubre, el Buró Federal de Investigaciones, o FBI, se instalará en Paraguay para colaborar en la formación de 15 agentes del Departamento de Inteligencia de la Policía Nacional. El desembarco es parte de un acuerdo firmado entre el gobierno de Santiago Peña y la administración Biden para la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en la Triple Frontera.
El gobierno está en la mira de los organismos de Seguridad de Estados Unidos, como reveló la hoja de ruta elaborada por la Casa Blanca, a la que en exclusivo LPO, para que Peña cumpla una serie de reformas en todas las áreas -desde la Justicia hasta las Fuerzas Armadas, pasando por la legislación nacional- y se ponga en sintonía con los lineamientos de seguridad externa de Washington en la región.
Incluso en la última foro de Delincuencia Organizada Transnacional (RANDOT), asupiciada por la OEA, el departamento de Estado recomendó al gobierno paraguayo "asumir el compromiso" de avanzar en el decomiso de bienes de organizaciones criminales para desmantelar y desestabilizar a las "empresas delictivas transnacionales" y privarlas de sus ganancias.
En 2022, el Departamento de Estado impuso sanciones económicas y vetó la entrada a EEUU del exmandatario Horacio Cartes y del exvicepresidente Hugo Velázquez, entre otros dirigentes paraguayos, a quienes asoció con "la corrupción sistémica que ha socavado las instituciones democráticas en Paraguay". El actual líder de la Asociación Nacional Republicana es acusado por Washington de contrabando y lavado de activos.
"La obstrucción de Cartes fue diseñada para mitigar el riesgo político y legal para sí mismo y seguir participando en actividades corruptas, incluyendo sus lazos con organizaciones terroristas y otras entidades sancionadas por Estados Unidos", sostuvo el Departamento de Estado. Con este telón de fondo, la llegada del FBI es al menos llamativa y deja a Cartes en una posición incómoda.
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