Desde la firma del Tratado de Itaipú en 1973, la gestión de la energía generada por la binacional ha sido motivo de debate en Paraguay. Un aspecto particularmente controversial ha sido la estructura de precios aplicada a la tarifa de energía y a la cesión del excedente a Brasil.
Desde el inicio, el precio de cesión fue fijado en US$ 300/GWh, junto con un factor de ajuste, cuya actualización quedó inexplicablemente congelada en 2009 [Estas discusiones forman parte de la llamada “cláusula de oro”. Ver Canese y Mauro (1985)].
A pesar de que Paraguay solo consumía cerca del 20% de la energía generada, terminó pagando una tarifa artificialmente alta, mientras que el 30% de su energía cedida a Brasil se vendía a un precio extremadamente bajo.
Este esquema permitió a Brasil argumentar que estaba pagando una tarifa justa y que el acuerdo con Paraguay era equitativo. Sin embargo, un análisis detallado revela que esta estructura benefició desproporcionadamente a Brasil y limitó gravemente la autonomía económica y energética de Paraguay.
Una tarifa inflada y un precio de cesión fijado arbitrariamente
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