En nuestro editorial del 4 de octubre de 2015, afirmamos que el resultado previsible de la Ley N° 5476/15, “que establece normas de transparencia y defensa al usuario en la utilización de tarjetas de crédito y débito”, iba a ser la exclusión del sistema financiero de unas 400.000 personas de menores recursos, quienes se verían obligadas a “caer en las garras de la usura” si quisieran obtener un préstamo. Duele constatar que el pronóstico se ha cumplido. Si hace tres años había 65 “casas de crédito” en todo el país, hoy son 130 y cuentan con unos 300.000 clientes, la mayoría de los cuales se vio forzada a abandonar el sistema regulado. Resulta entonces que la usura se comete hoy a gran escala y abiertamente por la decisión de diputados y senadores. En el mercado financiero delictivo nadan a sus anchas los peces gordos del narcotráfico y los ladrones de la burocracia y de la política. La proliferación de las “casas de crédito” debe inquietar a la ciudadanía, no solo porque quienes están ocultos detrás de ellas cometen un delito al aprovecharse vilmente de las necesidades ajenas, sino también porque son el resultado de grandes y sistemáticos latrocinios en la función pública.
En nuestro editorial del 4 de octubre de 2015, afirmamos que el resultado previsible de la Ley Nº 5476/15, “que establece normas de transparencia y defensa al usuario en la utilización de tarjetas de crédito y débito”, iba a ser la exclusión del sistema financiero de unas 400.000 personas de menores recursos, quienes se verían obligadas a “caer en las garras de la usura” si quisieran obtener un préstamo. También dijimos que “bajo un título engañoso, se invocó un noble propósito para impulsar una ley que tendrá consecuencias contrarias a las supuestamente deseadas”.
Duele constatar que el pronóstico se ha cumplido. En efecto, si hace tres años había 65 “casas de crédito” en todo el país, hoy son 130 y cuentan con unos 300.000 clientes, la mayoría de los cuales se vio forzada a abandonar el sistema regulado, debido a que la ley fue sancionada pese a que el Banco Central del Paraguay (BCP) había anticipado que la limitación de los intereses impediría que los operadores financieros otorguen créditos a los usuarios de tarjetas de bajos ingresos. Como las demás víctimas, ellos deben abonar hoy a unos delincuentes de guante blanco una tasa de interés del 60%...
Resulta entonces que la usura, que el art. 193 del Código Penal sanciona con hasta diez años de cárcel cuando tiene un carácter comercial, se comete hoy a gran escala y abiertamente por la decisión de diputados y senadores. Las entidades públicas apenas se dan por enteradas. El presidente del BCP, Carlos Fernández Valdovinos, señaló que, para supervisar la actividad de los antros dedicados a esa actividad delictiva, es preciso actualizar la ley de ese organismo, pero agregó que la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) podría “empezar” a controlar que se cumplan los límites de las...
Nada se sabe del Ministerio Público, pese a que el Código Penal rige desde el 26 de noviembre de 1997: en casi veinte años, solo han sido procesados el exdirector administrativo de la Essap, Abraham Pinazo, y cuatro sindicalistas, por haber montado una agencia financiera clandestina en dicha empresa estatal. Las “casas de crédito” operan sin tapujos, pero la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción hace la vista gorda, aunque el hecho punible que allí se perpetra sea de acción pública. Si tienen cada vez más damnificados es porque las condiciones que fijan para prestar dinero son...
Leer la nota completa en Diario ABC
