El fallo de la Sala Constitucional Ampliada de la Corte Suprema de Justicia que rechazó la acción de inconstitucionalidad promovida por la exsenadora Kattya González representa uno de los momentos más delicados para la institucionalidad paraguaya desde la restauración democrática. También dejó instalada una inquietante percepción: la de un Poder Judicial incapaz de ejercer plenamente su papel de contrapeso frente a las decisiones de las mayorías políticas circunstanciales. Su misión no consiste en acompañar las decisiones del poder político ni en refrendar automáticamente las decisiones de las mayorías parlamentarias. La sentencia deja la impresión de que las decisiones políticas adoptadas por una mayoría legislativa cuentan con un amplio margen de inmunidad frente al control constitucional. Comienza cuando la percepción de la influencia política sobre la justicia se vuelve más fuerte que la confianza en la neutralidad de los jueces. Independientemente del desenlace jurídico futuro, Paraguay vuelve a exponer ante la comunidad internacional las debilidades estructurales de su sistema institucional y la persistente desconfianza que generan algunas de sus decisiones judiciales más sensibles. Por eso, más allá de las posiciones políticas que pueda despertar el caso, la decisión de la Corte deja una pregunta que seguirá resonando durante mucho tiempo en la conciencia nacional: ¿quién protege a la República cuando quien debía actuar como árbitro decide abandonar el silbato?
El fallo de la Sala Constitucional Ampliada de la Corte Suprema de Justicia que rechazó la acción de inconstitucionalidad promovida por la exsenadora Kattya González representa uno de los momentos más delicados para la institucionalidad paraguaya desde la restauración democrática. Sus consecuencias jurídicas, políticas e institucionales probablemente se proyectarán durante años y marcarán un precedente cuyo alcance aún resulta difícil dimensionar.
Al convalidar, por una mayoría de seis votos contra tres, la destitución de una legisladora elegida por voluntad popular, el máximo tribunal de la República no solo cerró definitivamente las puertas del Congreso a una de las voces más visibles de la oposición. También dejó instalada una inquietante percepción: la de un Poder Judicial incapaz de ejercer plenamente su papel de contrapeso frente a las decisiones de las mayorías políticas circunstanciales.
La argumentación de la mayoría de los ministros se sustenta en una interpretación formalista respecto a la vigencia temporal del reglamento que exigía una mayoría calificada de 30 votos para la pérdida de investidura. Según el fallo, dicha disposición aún no se encontraba vigente al momento de la votación que destituyó a González. Sin embargo, esa conclusión ha generado profundas controversias jurídicas debido a que la propia Fiscalía Adjunta había advertido sobre una posible vulneración de principios fundamentales del orden constitucional, entre ellos el principio de legalidad y la...
La discusión, sin embargo, trasciende ampliamente el debate técnico sobre fechas, publicaciones o formalidades reglamentarias. Lo verdaderamente trascendente es el mensaje institucional que deja esta sentencia.
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