El derecho al voto y el principio de Anna Karenina - Opinión - ABC Color

El derecho al voto y el principio de Anna Karenina - Opinión - ABC Color

El principio de Anna Karenina se deriva de la oración con la que León Tolstoi abre su libro Anna Karenina: “Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera”. En esencia, hay más maneras en que una familia pueda ser infeliz que feliz. El principio, popularizado en el libro Guns, Germs and Steel de Jared Diamond, afirma que una deficiencia en cualquiera de una serie de factores hace fracasar el esfuerzo.

Por consiguiente, para que un esfuerzo sea exitoso, se debe evitar cualquier posible deficiencia. Las democracias están sujetas al principio de Anna Karenina, y el derecho al voto es un factor en el que se deben evitar todas las deficiencias posibles para que una democracia sea viable.

Nuestra comprensión moderna del derecho al voto se sustenta en gran medida en las ideas del filósofo británico John Stuart Mill (1806-1873). Mill contribuyó grandemente a la teoría política. En su ensayo Sobre la libertad, Mill aborda los límites de poder que puede ejercer la sociedad sobre el individuo. Como miembro del parlamento británico, Mill fue uno de los primeros en pedir el sufragio femenino.

En su texto Consideraciones sobre el gobierno representativo, Mill presenta una exposición crítica de la participación democrática de todos los ciudadanos: “No es útil, sino perjudicial, que la Constitución proclame a la ignorancia y a la sabiduría como iguales para gobernar al país”. Sin embargo, Mill creía que la democracia podría superar la participación incompetente de ciudadanos desinformados. Pero aquí es donde la teoría democrática se vuelve espinosa y discutible.

Aunque Mill desconocía el principio de Anna Karenina, trató de proteger la democracia negando el derecho de voto a quienes reciben dinero del gobierno para asistencia social, durante el tiempo que recibieren apoyo financiero sufragado por los impuestos. Mill razonó que los pagos de asistencia social crean un conflicto de intereses que compromete la objetividad de alguien para votar sobre los fondos del gobierno que proporcionan su propio sustento.

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