En las últimas semanas, la Corte Suprema de Justicia se ha convertido en el epicentro de un debate que definirá
En las últimas semanas, la Corte Suprema de Justicia se ha convertido en el epicentro de un debate que definirá la naturaleza de la participación ciudadana en Paraguay. Organizaciones de la sociedad civil, actuando como terceros afectados, presentarán una contestación técnica que no solo defiende la Ley de Control y Transparencia de las OSFL (más conocidas como ONGs) sino también desafía la narrativa de las entidades demandantes, argumentando que la opacidad no puede ser protegida bajo el manto de la libertad de asociación.
El Fortalecimiento de la Democracia Participativa (Arts. 1 y 117 CN)
El primer gran eje de la defensa se centra en la redefinición de la democracia. El Artículo 1 de la Constitución Nacional no solo habla de una democracia representativa, sino también «participativa y pluralista». La contestación sostiene que, para que la participación sea genuinamente democrática, debe ser transparente.
Cuando una Organización Sin Fines de Lucro (OSFL) busca «contribuir, influenciar o incidir» en políticas públicas, abandona la esfera puramente privada para ingresar a la esfera pública. En este sentido, la ley no desincentiva la participación, sino que la cualifica. La normativa asegura que la incidencia en la agenda del Estado no sea el resultado de intereses ocultos o financiamientos no declarados, sino una contribución legítima y trazable.
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