En las últimas horas, Paraguay entero fue testigo de un escándalo que no se puede tapar con diplomacia barata ni con silencios cómplices. El embajador de nuestro país ante Estados Unidos, Gustavo Leite (ANR – Cartista), soltó una bomba que debería indignar no solo al gobierno de Santiago Peña, sino a todos los hogares paraguayos.
Con una frialdad que eriza la piel, sentenció en entrevista pública: “Los niños no están para que el Estado los eduque, a los niños los tiene que educar la familia. ¿Por qué tenemos que gastar plata en los niños y las familias?”
Palabras textuales. De un funcionario que cobra su sueldo con plata de todos los paraguayos. Desde Wa- shington, capital de una nación que invierte cientos de miles de millones de dólares cada año en educación pública de calidad, el embajador paraguayo sale a decir que educar a los niños es un gasto superfluo, un lujo innecesario, casi un capricho.
Esto no es una opinión. Es un ataque directo al derecho humano más básico que tiene nuestra Constitución y los tratados internacionales que Paraguay ratificó: el derecho a una educación gratuita, obligatoria y de calidad. Es un desprecio abierto hacia miles de niños paraguayos que hoy van a escuelas sin techo, sin luz, sin baños, sin merienda y sin libros. Niños que dependen exclusivamente del Estado porque sus familias, muchas veces, apenas llegan a fin de mes.
Leite habla como si todas las familias paraguayas fueran iguales. Como si todas tuvieran el mismo ingreso, la misma cultura, los mismos recursos para contratar profesores particulares o pagar colegios privados. Habla como quien nunca vio una escuela rural del Chaco o del interior profundo, donde ni siquiera existen caminos de tierra para llegar a las escuelas o donde los niños deben hacer malabarismos para cruzar un puente y no caer en el arroyo mientras se dirigen a sus derrumbadas aulas, donde la deserción escolar es tragedia diaria y donde la única esperanza de movilidad social es...
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