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Mientras el Chaco se prepara para ser un polo económico clave, persisten denuncias de corrupción y falta de control sobre fondos públicos.
El Chaco paraguayo se perfila como un futuro polo económico gracias al avance del Corredor Vial Bioceánico, un proyecto estratégico que conectará el Atlántico y el Pacífico a través de Paraguay, Argentina y Chile. Sin embargo, la región enfrenta desafíos institucionales considerables, marcados por denuncias de mal manejo de fondos públicos y falta de transparencia en la gestión de las autoridades locales.
Con más de 3.000 kilómetros de rutas planificadas y una inversión que supera los USD 1.000 millones, financiada por organismos internacionales como Fonplata e Itaipú Binacional, el proyecto de la Ruta Bioceánica busca convertir a Paraguay en un hub logístico multimodal. Aun así, la debilidad en el control de los recursos públicos amenaza con socavar este impulso estratégico.
Uno de los focos de preocupación en la región es el denominado Clan Adorno, liderado políticamente por el diputado José Domingo “Mino” Adorno y su entorno familiar. Informes de la Contraloría General de la República (CGR) revelaron irregularidades en el uso de fondos de emergencia durante su gestión como gobernador de Alto Paraguay, incluyendo el destino de G. 2.265 millones al Vicariato Apostólico del Chaco sin justificación legal clara.
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