La “justicia” paraguaya asestó un golpe severo a la ya menguada confianza ciudadana en el sistema judicial. Con el voto en mayoría de los camaristas Delio Vera Navarro y Bibiana Benítez Faría (mientras José Agustín Fernández votó en disidencia), el tribunal dictó el sobreseimiento definitivo del senador Hernán Rivas (ANR, cartista) en la causa por producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso. El argumento central utilizado fue la prescripción del delito principal, lo que arrastró consigo la imposibilidad de juzgar el delito accesorio.
El caso de Hernán Rivas se transforma en una impunidad descarada
El razonamiento jurídico expuesto en el fallo se resume de la siguiente manera: el juez de Garantías Miguel Palacios ya había declarado en octubre de 2025 que el hecho punible de producción mediata de documentos públicos de contenido falso había prescrito. Según la Cámara, esta prescripción operó incluso antes de la imputación formal realizada por el Ministerio Público, que consideraron tardía. Aspecto de por sí gravísimo.
La pena máxima prevista para este delito es de hasta tres años de prisión, y el plazo de prescripción, según el cálculo de la defensa y aceptado por la mayoría del tribunal, se habría cumplido en junio de 2023, tomando como fecha relevante el momento en que se habrían producido o registrado los documentos supuestamente falsos (certificado de estudios de 2018 y título de 2020).
A partir de allí, los camaristas concluyeron que, al no poder juzgarse la “producción” del documento falso por haber prescrito, resultaba “material y jurídicamente imposible” sostener el delito de uso de documentos públicos de contenido falso.
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