CARACAS. El 27 de febrero de 1989, unas protestas por el aumento de la gasolina y de las tarifas del transporte público desembocaron en el mayor estallido social de Venezuela, donde, siete lustros después, no hay nadie preso por las 276 muertes registradas entonces, ni esperanza de reparación para las decenas de víctimas extraoficiales del llamado ‘Caracazo’.
Lo que empezó como prueba del descontento por un paquete de ajustes económicos aplicados por el presidente Carlos Andrés Pérez -que llevaba menos de dos meses en el cargo- terminó en una masacre por la que Venezuela fue condenada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que, en 2002, repudió la impunidad por crímenes perpetrados “a manos de agentes del Estado”.
La respuesta del Gobierno a las protestas espontáneas, seguidas de saqueos y disturbios, fue la suspensión de las garantías constitucionales y el despliegue de militares en las calles, lo que terminó de configurar el escenario de represión, en el que “unas 4 millones de balas fueron disparadas contra manifestantes hambrientos”, según un informe de Amnistía Internacional.
Los relatos de prensa de entonces cuentan que las balas alcanzaron y segaron la vida de una madre que amamantaba a su hijo recién nacido, a un niño que iba a la escuela, a un joven que se asomó al balcón de su casa y a un hombre que dormía junto a su esposa. De acuerdo con la ONG Cofavic (Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo), 396 personas -identificadas por allegados con nombre y apellido- murieron durante los 10 días de la crisis.
El activista Enrique Ochoa Antich, que entonces hacía seguimiento al tema de derechos humanos, presenció la molestia de “unas 1.000 personas” que no podían movilizarse en Caracas debido a la paralización del transporte, mientras la nación intentaba tragarse los ajustes económicos, que incluían la liberación de precios de productos y el aumento de las tarifas de los servicios.
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