Este decreto se enmarca dentro de la necesidad de que Paraguay pueda identificar y evaluar los riesgos de lavado de activos y el combate al financiamiento del terrorismo. Debe tomar las medidas encaminadas a asegurar que se mitiguen eficazmente los riesgos.
“Con base a esa evaluación, los países deben aplicar un enfoque basado en riesgo a fin de asegurar que las medidas para prevenir o mitigar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo sean proporcionales a los riesgos identificados”, refiere el decreto presidencial.
La evaluación nacional de riesgo permitirá al gobierno a adoptar medidas en materia de recomendaciones contra el lavado de activos.
La metodología realiza una enumeración de factores que se deben ponderar en el proceso de la evaluación de la efectividad de los sistemas.
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