La politización y la corrupción generalizadas en todo el Poder Judicial, en particular en los tribunales inferiores y las oficinas regionales, obstaculizan la eficacia de este y socava la confianza del público, resalta el Departamento de Estados de los Estados Unidos en el capítulo dedicado a Paraguay, en el 45 informe anual sobre derechos humanos y libertades fundamentales, correspondientes al año 2020.
Aunque las acusaciones y condenas por corrupción de funcionarios públicos de nivel medio y bajo se produjeron con mayor frecuencia, dice el documento, “los funcionarios públicos de alto rango gozaron de un alto grado de impunidad”.
Es más, el informe presentado por el secretario de Estado, Antony Blinken, incluso resalta el mecanismo de las chicanas jurídicas, al decir que, en virtud de una ley que prohíbe que los casos judiciales duren más de cuatro años, “los políticos y las personas influyentes” condenados en tribunales inferiores evitaron el castigo de forma rutinaria al presentar apelaciones y mociones hasta alcanzar el plazo de prescripción o al solicitar con éxito la destitución o suspensión de los jueces y fiscales que trabajan en sus casos.
La impunidad es endémica para los funcionarios gubernamentales de alto nivel anteriores y actuales acusados de delitos, refiere.
“Las oenegés y la prensa informaron sobre varios ex ministros de gobierno, intendentes, gobernadores y actuales funcionarios electos que evitaron el enjuiciamiento en el sistema de justicia, a pesar de haber sido acusados y procesados por corrupción y otros delitos”. El informe sobre prácticas de derechos humanos en Paraguay incluye entre otras cuestiones el presunto asesinato de dos niñas durante una operación de seguridad protagonizada por efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) contra el grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), y denuncias de tortura y tratos crueles,...
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