El informe anual de Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos resalta la endémica corrupción que salpicó a altos funcionarios paraguayos, la impunidad en las denuncias y alertó acerca de los ataques a la libertad de prensa.
De acuerdo con el “Informe de países sobre prácticas de derechos humanos de 2022″, efectuado por la oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos, en el Paraguay no se implementó efectivamente la ley que establece sanciones penales por corrupción a funcionarios públicos.
Detalla cientos de casos de malversación de fondos, evasión de impuestos, enriquecimiento ilícito, abuso de la confianza pública, documentos falsos y asociación delictiva, que fueron denunciados a través de los medios de comunicación; sin embargo, las acciones o pesquisas desde el Ministerio Público, en ese entonces en manos de Sandra Quiñónez, se hicieron con lentitud.
“Las investigaciones y acusaciones de corrupción del Ministerio Público por lo general procedieron con lentitud y tardaron varios años en llegar a un veredicto en los tribunales”, resalta el estudio.
Denuncia además que políticos y personas influyentes condenados en los tribunales inferiores evitaban la condena al presentar apelaciones y mociones o solicitar con éxito la destitución o suspensión de jueces y fiscales. Así lo hacían hasta el plazo de cuatro años, límite de tiempo para los casos judiciales, señala.
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