La jueza de ejecución de sentencia Sandra Silvera debe resolver esta semana si acepta o no la propuesta de Gabriela Quintana Venialgo de pagar parte de la donación a la Cruz Roja (G. 24 millones) con dinero que la entidad binacional Itaipú le asignó como “indemnización” por su desvinculación, poco más de G. 34 millones y quedarse con otros G. 10 millones del mismo monto.
La propuesta de Gabriela Quintana fue planteada en una audiencia realizada en la semana pasada ante el juzgado de ejecución de sentencia, para la comunicación de la reglas de conductas y obligaciones. En la ocasión, la condenada asistió en compañía de su abogado Andrés Casati.
En el acta correspondiente consta las reglas de conductas establecidas para la suspensión a prueba de la condena de 1 año y 6 meses de cárcel, que se le impuso por cobrar salarios de la Cámara de Diputados y también de la entidad binacional Itaipú, en el mismo periodo.
Además de las clásicas prohibiciones de salir del país y de cambiar de domicilio sin informar al juzgado, se establecieron las siguientes obligaciones: “4) devolución íntegra de toda remuneración percibida de la entidad binacional como consecuencia del contrato de fecha 4 de marzo del 2013, es decir, del monto de G. 71.683.460, de lo percibido en concepto de condiciones de desvinculación por su despido sin causa de la entidad Itaipú Binacional (...), “en consecuencia deberá presentar constancia que efectivamente la Itaipú Entidad Binacional haya recepcionado íntegramente los montos antes...
“Y como segunda obligación, pagar a la entidad de bien común Cruz Roja Paraguaya con el fin de restablecer la paz en la comunidad, la suma de G. 2 millones mensuales por término de dos años”, concluye el fallo.
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