La Conmebol y la fiscalía paraguaya jamás molestaron en vida a Nicolás Léoz, que permaneció en cómoda reclusión domiciliaria en Paraguay desde el FIFA-gate y gozó hasta su muerte de absoluta libertad para disponer de sus bienes en el país. Solo después de su fallecimiento, ocurrido el 28 de agosto de 2019, la Confederación inició gestiones extrajudiciales con los herederos de su expresidente para recuperar parte de los fondos desviados de la institución, pero nunca aclaró los términos de los acuerdos ni la fuente del 92% del dinero.
En el Septuagésimo Tercer Congreso Ordinario de la Confederación Sudamericana de Fútbol, realizado en su sede de Luque el 11 de noviembre 2020, su presidente, el connacional Alejandro Domínguez, dio oficialmente la buena noticia de la recuperación de 55 millones de dólares desviados por exdirigentes, de los cuales 38,9 millones provinieron del exterior, principalmente de Suiza, y 16.050.000 dólares, según informó la Conmebol en su portal y declaró Domínguez a la prensa, fueron devueltos por herederos de Nicolás Léoz con dinero depositado en bancos locales.
De acuerdo con crónicas publicadas en medios del Grupo Cartes, Alejandro Domínguez dijo el 16 de octubre de 2020 a la radio 970 AM y al canal GEN que Aldo Zuccolillo, fundador de ABC Color, “era parte del esquema de Nicolás Léoz”, lo que “se comprueba –señaló– porque parte del dinero (recuperado de los herederos) estaba en el banco del señor Zuccolillo”, refiriéndose a Banco Atlas.
Nicolás Léoz y su esposa, María Clemencia Pérez de Léoz, realizaban una porción relativamente pequeña de sus operaciones financieras con Banco Atlas antes del FIFAgate, a la par de operar con varios otros de Paraguay, como Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco Regional, BBVA y Banco Amambay, este último precisamente del Grupo Cartes.
Banco Atlas nunca lo negó y, de hecho, fue la primera entidad financiera paraguaya en reportarlo, con una lista completa de transacciones, el 29 de mayo de 2015, dos días después de que se desató el escándalo, tal como consta en el informe de inteligencia financiera de la Seprelad remitido el 18 de septiembre de 2015 al Ministerio Público.
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