Director que oculta conclusiones de auditoría gana G. 20 millones al mes

Director que oculta conclusiones de auditoría gana G. 20 millones al mes

Rodolfo Heyn, director de Auditoría del Poder Judicial, percibe un sueldo mensual de G. 15.085.920, más G. 360.000 en concepto de bonificaciones y gratificaciones y G. 4.875.000 como gastos de representación. Cada mes, la ciudadanía le paga en total G. 20.320.920. Sin embargo, el funcionario que está cargo de una dependencia clave para el combate […]

Rodolfo Heyn, director de Auditoría del Poder Judicial, percibe un sueldo mensual de G. 15.085.920, más G. 360.000 en concepto de bonificaciones y gratificaciones y G. 4.875.000 como gastos de representación. Cada mes, la ciudadanía le paga en total G. 20.320.920. Sin embargo, el funcionario que está cargo de una dependencia clave para el combate a la mora y corrupción judicial, pero que es absolutamente ineficiente, se niega a proporcionar a los medios de comunicación, las conclusiones de las auditorías a la gestión de los jueces que son denunciados por sus actuaciones irregulares.

La ciudadanía le paga mensualmente más de G. 20 millones a Heyn, pero la dirección a su cargo no estaría cumplimiento los objetivos, entre los cuales se puede leer “asegurar el buen desempeño de los cargos, despachos y dependencias judiciales, vigilar la ordenada tramitación de los juicios y pronunciamiento de los fallos en términos de la ley”. También asegurar el orden y disciplina.

Sin embargo, pese a críticas y cuestionamientos, el funcionario se mantiene en el cargo como directo interino, ya que estaría apadrinado por algunos ministros de la Corte. Sin embargo, otros, como el ministro Manuel Ramírez Candia hace rato viene diciendo que la Dirección de Auditoría no hace buena investigación, dilata las conclusiones del análisis de la gestión de algunos jueces.

A esto se suma, que Heyn no le recibe a los periodistas acreditados en el Poder Judicial y mucho menos entrega copias de las conclusiones de las auditorías, pese a su obligación legal y constitucional, como funcionario, de proveer información objetiva y de la propia fuente, a los ciudadanos que le pagan el sueldo.

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