Debido a los cargos repartidos en la Universidad Nacional del Este (UNE), los jueces y fiscales de Alto Paraná no estuvieron exentos de los beneficios, por lo que se torna difícil que esclarezcan los actos de corrupción perpetrados en el 2015, ratificados por la Contraloría General de la República.
Debido a los cargos repartidos en la Universidad Nacional del Este (UNE), los jueces y fiscales de Alto Paraná no estuvieron exentos de los beneficios, por lo que se torna difícil que esclarezcan los actos de corrupción perpetrados en el 2015, ratificados por la Contraloría General de la República. Los profesionales del derecho, en su mayoría, ejercen o deberían ejercer funciones en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y sus familiares esparcidos en otras facultades.
El rector Gerónimo Laviosa con estudiantes durante la intervención de la universidad en setiembre del 2015.
En Filosofía, la decana Blanca Tottil de Moreno, por ejemplo, asignó cargos a la jueza en lo laboral de Ciudad del Este, Nélida Alvarenga, además, su hija Natalia Moreno Tottil, titular del juzgado civil del séptimo turno, quien, supuestamente, se confabula con sus pares para proteger los abusos que comenten los ordenadores de gasto de la unidad académica. Por otro lado, la docente Estela Marys Morínigo usaría su influencia como esposa del camarista y docente de la facultad de Derecho, Ramón Echeverría.
Además, en Derecho y Ciencias Sociales están contratados la jueza Delcy Cardozo y el juez de Santa Rita, Bernardo Silva y el camarista Isidro González, entre otros. La ley de la función pública permite el ejercicio de la docencia, sin embargo, los magistrados estarían apañando los hechos de corrupción de tal manera a seguir recibiendo sus jugosos salarios y/o honorarios. Es más, según informaciones el ex fiscal adjunto, Alejo Vera, en el 2015, daba expresas órdenes de no investigar las denuncias en la universidad, es decir, “blanquear” a los directivos por intereses en común con la...
Leer la nota completa en La Clave