Una mayoría de la Cámara Baja aprobó ayer, con cambios, el proyecto de ley de modificación del artículo 104 de la Constitución Nacional, por el cual se establece la obligatoriedad de la presentación de la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios. La iniciativa vuelve ahora al Senado, que la aprobó en octubre pasado, estipulando la publicidad de la documentación y excluyendo de la normativa a los empresarios.
Sucede que el cartismo solicitó ayer incluir nuevamente a los empresarios y proveedores del Estado, además de los funcionarios de las binacionales, y estipuló como requisito para la publicidad de las declaraciones una orden judicial. Los senadores necesitarán ahora de mayoría absoluta (23 votos) para ratificarse en el proyecto original.
El diputado Sebastián Villarejo, del Partido Patria Querida, fue quien solicitó la aprobación del proyecto con mínimas modificaciones, manteniendo la publicidad de los datos. “El espíritu de esto es luchar contra la corrupción. La transparencia es un elemento fundamental para el control y para la lucha contra la corrupción, que hoy es el principal mal que aqueja al Paraguay. Es la corrupción la que conlleva a problemas en la salud, en la educación. Todo lo que vemos es por corrupción e intereses particulares por sobre los generales”, lamentó el legislador, pero su argumento no tuvo eco, ya...
Cartismo. Fueron los cartistas Derlis Maidana y Basilio Bachi Núñez quienes plantearon las modificaciones que buscan blindar las declaraciones juradas de los empleados públicos. “Las modificaciones son más que nada (para) incluir a las empresas proveedoras de bienes y servicios al Estado y las binacionales, basados en una ley”, manifestó BachiNúñez.
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