Un total de 58 diputados, de los ochenta que tiene la Cámara Baja, optó ayer por reverdecer el repudiable autoblindaje, al aprobar que la pérdida de investidura de los legisladores sea regulada por una ley y no por el reglamento interno de la Cámara. Este cuerpo legislativo abdica así de su poder constitucional de depurarse a sí mismo y transfiere esa responsabilidad a la Justicia Electoral, un organismo al que la Constitución no le otorga esa facultad. Tenemos, en consecuencia, una gran cantidad de diputados corruptos, irresponsables y cobardes, porque se niegan a juzgar a sus miembros que cometen graves irregularidades, volviéndose cómplices de los mismos; porque evitan adoptar una decisión que constitucionalmente les corresponde; y porque, para no comprometerse, demostrando una gran cobardía, le tiran el fardo y comprometen a otro organismo. Los diputados reavivaron el “autoblindaje” de una forma velada, porque no existe el menor interés en sanear el Congreso. Continúan tocándoles las orejas a los ciudadanos y las ciudadanas, por lo que no debe descartarse que la paciencia popular explote de nuevo y se repita aquel episodio en que los “representantes del pueblo” huyeron como ratas por la parte trasera del Congreso para eludir la indignación de sus representados.
Un total de 58 diputados, de los ochenta que tiene la Cámara Baja, optó ayer por reverdecer el repudiable autoblindaje, al aprobar que la pérdida de investidura de los legisladores sea regulada por una ley y no por el reglamento interno de la Cámara. Este cuerpo legislativo abdica así de su poder constitucional de depurarse a sí mismo y transfiere esa responsabilidad a la Justicia Electoral, un organismo al que la Constitución no le otorga esa facultad.
Tenemos, en consecuencia, una gran cantidad de diputados corruptos, irresponsables y cobardes, porque se niegan a juzgar a sus miembros que cometen graves irregularidades, volviéndose cómplices de los mismos; porque evitan adoptar una decisión que constitucionalmente les corresponde; y porque, para no comprometerse, demostrando una gran cobardía, le tiran el fardo y comprometen a otro organismo.
El Ministerio Público pidió el martes el enjuiciamiento del vergonzoso diputado liberal Carlos Portillo por haber incurrido en tráfico de influencias, al reclamar 3.000 dólares a una procesada a cambio de una resolución judicial favorable. El hecho punible, que data de agosto del año pasado, salió a la luz el 15 de noviembre de 2017 a través de unos audios difundidos por ABC Cardinal. El impresentable legislador fue desaforado en enero de este año, pero sigue ocupando su banca porque sus colegas continúan protegiéndolo al no privarle de su investidura. Prefirieron dar largas a un asunto de...
Debatieron largo y tendido sobre la necesidad de regular el procedimiento a seguir para expulsar a un diputado indigno. Unos sostenían que bastaba con reformar el Reglamento Interno de la Cámara y otros que era necesario sancionar toda una ley al respecto. Optaron por lo segundo, de modo que aprobaron los primeros cinco artículos de un proyecto de ley notoriamente inconstitucional.
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