Juez se aparta de la causa Ueno Bank que involucra a Peña - El Heraldo Paraguayo

Juez se aparta de la causa Ueno Bank que involucra a Peña - El Heraldo Paraguayo

El magistrado Humberto Otazú invocó el artículo 50 del Código Procesal Penal. El caso pasa al Juzgado Penal de Delitos Económicos del Segundo Turno.

El juez Humberto René Otazú Fernández se apartó de la causa Ueno Bank, que investiga al expresidente Santiago Peña y a exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), al admitir un conflicto de interés tras la ampliación de la imputación contra Marco Aurelio González. El magistrado se inhibió de seguir entendiendo en el expediente por «motivos de índole familiar de público conocimiento» y remitió los autos al Juzgado Penal de Delitos Económicos del Segundo Turno.

La resolución, fechada el 16 de noviembre de 2026, señala que la decisión se toma «teniendo en consideración la imputación formulada al Sr. Marco Aurelio González». El juez invocó el artículo 50, inciso 11, del Código Procesal Penal, que establece la obligación de apartarse cuando existen lazos de parentesco o amistad íntima. La causa ya pesaba sobre el expresidente Peña y exdirectivos del BCP por asociación criminal, pero fue la mención específica de González en la nueva ampliación de la imputación la que detonó la salida del magistrado del proceso.

El documento establece que las circunstancias invocadas «podrán ser demostradas ante el superior en caso de ser requerida». Esta fórmula, habitual en este tipo de resoluciones, da cuenta de que el vínculo existe y es conocido en el ambiente judicial y político, aunque el escrito no especifique el grado exacto de parentesco. El expediente ahora deberá ser asumido por un nuevo juez, lo que representa un giro procesal en una de las investigaciones más sensibles del país.

Lejos de ser un trámite administrativo, el apartamiento de un juez en una causa de esta magnitud tiene consecuencias directas sobre el proceso. El caso Ueno Bank involucra a numerosos fiscales, exfuncionarios de distintos niveles del Estado y una hipótesis de asociación criminal que requiere el análisis de miles de fojas, pericias contables y escuchas

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