Los diputados blindaron al imputado legislador de Paraguarí Tomás Rivas (ANR, cartista). En la sesión ordinaria de ayer no se logró tratar su pedido de desafuero, porque aún no llegó la notificación de la Justicia. Rivas tiene que ser investigado por sus “caseros de oro”.
Ningún diputado se animó a plantear el retiro de la inmunidad del diputado imputado por cuatro delitos entre ellos: cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
Rivas está imputado porque hizo figurar a tres de sus empleados particulares como funcionarios de la Cámara Baja. Se tratan de: Nery Antonio Franco González, Reinaldo Chaparro Penayo y Lucio Romero Caballero todos cobraban salarios del Estado, pero en realidad cumplían tareas domésticas para el legislador de Paraguarí.
El parlamentario que fue reelecto por segunda vez, para evitar que sus colegas le despojen de sus fueros apeló su pedido de desafuero, cuando la comisión de Asuntos Constitucionales en el periodo pasado estaba a un paso de emitir dictamen para que se proceda a su desafuero. Lo anecdótico es que no existen registros en Diputados de que algún legislador haya utilizado dicha maniobra para evitar su desafuero.
Tras ocho meses de trabas en la Corte Suprema de Justicia, la Cámara de Apelaciones integrada por los camaristas Carlos Ortiz Barrios, Emiliano Rolón y Arnulfo Arias, la semana pasada confirmó que se debe realizar la comunicación a la Cámara Baja del pedido de desafuero del diputado Tomás Rivas, dispuesta por el entonces juez penal de garantías Rubén Ayala Brun a pedido del Ministerio Público.
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