Dictan prisión preventiva para el expresidente Santiago Peña por el caso Ueno Bank - Desde Caaguazú

Dictan prisión preventiva para el expresidente Santiago Peña por el caso Ueno Bank - Desde Caaguazú

Santiago Peña cumple prisión preventiva tras su destitución. El caso Ueno Bank alcanza a Carlos Carvallo y exdirectivos por presuntas irregularidades financieras.

El magistrado Humberto Otazú resolvió ordenar la prisión preventiva del expresidente Santiago Peña, quien deberá cumplir la medida en el Regimiento Escolta Presidencial. La disposición judicial se dio el sábado 7 de noviembre, un día después de su destitución del cargo, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades con fondos públicos y previsionales en el banco Ueno Bank.

La Fiscalía formuló la imputación contra Peña bajo la figura de presunto instigador de lesión de confianza y autor de administración en provecho propio. La hipótesis fiscal sostiene que el exmandatario habría actuado para que capitales del Estado fueran colocados, renovados y mantenidos en la entidad financiera con la que poseía nexos económicos. El documento fiscal indica que en 2023 declaró 6.144 acciones en Ueno Holding por G. 6.144 millones, y que habría guardado un bono de ITTI y un certificado de depósito en dicho banco tras rescatar sus acciones en marzo de 2025.

Los datos de la imputación exponen que los depósitos estatales en Ueno Bank llegaron a G. 3,6 billones y USD 233,4 millones para septiembre de 2026. Entre las instituciones con recursos colocados se citan al Instituto de Previsión Social (IPS), Itaipú, Yacyretá, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y distintas cajas de jubilaciones. En el mismo caso imputaron y dictaron prisión preventiva para el expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo, investigado por lesión de confianza, administración en provecho propio y producción inmediata de documentos públicos de...

El abogado Ricardo Preda, representante legal de Peña, manifestó que rechazan las acusaciones, que se someterán al proceso y que aguardan el sobreseimiento del procesado. Paralelamente, el Ministerio Público requirió la inmovilización de activos, la identificación de bienes y la prohibición de vender o gravar propiedades pertenecientes a los dos procesados.

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El Nacional

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