Imagen de referencia Cada 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, una fecha instaurada por las Naciones Unidas para visibilizar una de las más graves violaciones a los derechos humanos de nuestro tiempo. Perfil de las víctimas: mujeres y menores de edad, las más afectadas Un estudio reciente del Departamento de Estadísticas del Ministerio Público, que analizó 392 denuncias registradas entre 2019 y 2024, reveló que el 71% de las víctimas son mujeres y el 29% hombres. Un llamado urgente a la acción En este Día Mundial contra la Trata de Personas, Paraguay se suma a la lucha global con la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de prevención, detección y protección a las víctimas, así como garantizar la investigación y sanción efectiva de los responsables.
Cada 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, una fecha instaurada por las Naciones Unidas para visibilizar una de las más graves violaciones a los derechos humanos de nuestro tiempo. En este marco, es urgente poner el foco sobre una realidad que también golpea duramente a Paraguay, donde la trata de personas sigue operando de manera silenciosa y profundamente arraigada en estructuras criminales.
Se trata de un fenómeno complejo que afecta a millones de personas en todo el mundo, sin distinción de género o edad. Las víctimas —hombres, mujeres y niños— sufren consecuencias devastadoras, especialmente en lo emocional y psicológico, que marcan sus vidas incluso después de haber escapado del círculo de explotación.
Según el psicólogo José Caballero, quien ha investigado ampliamente el fenómeno en el país, las rutas transfronterizas son clave para entender cómo operan estas redes criminales. Lugares como Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero y Puerto José Falcón son considerados puntos críticos, donde el tráfico de personas se mezcla con el de drogas y otras actividades ilícitas. Las víctimas —en su mayoría adolescentes y mujeres jóvenes— son trasladadas en condiciones clandestinas, muchas veces mimetizadas como parte del tránsito legal fronterizo.
A ello se suman las zonas portuarias como Pilar y áreas ribereñas en departamentos como Central, San Pedro, Concepción y Ñeembucú, donde también se ha detectado explotación sexual, especialmente en contextos donde la vigilancia estatal es limitada o nula.
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