Todo estado de derecho resulta indispensable para preservar nuestros derechos y libertades y procurar nuestro bienestar. Es de público conocimiento que la pandemia ha derivado en la declaración de “estado de alarma”, o “estado de emergencia sanitaria” en la mayoría de los países y ello ha contribuido a agudizar el deterioro del estado de derecho, […]
Todo estado de derecho resulta indispensable para preservar nuestros derechos y libertades y procurar nuestro bienestar.
Es de público conocimiento que la pandemia ha derivado en la declaración de “estado de alarma”, o “estado de emergencia sanitaria” en la mayoría de los países y ello ha contribuido a agudizar el deterioro del estado de derecho, en mayor o menor medida.
Esta situación está afectando derechos fundamentales, uno de los principales el de la libre circulación de los ciudadanos: una vertiente de la libertad asociada en forma directa a la existencia de todo sistema democrático e inexistente en los regímenes autoritarios.
Resulta necesario que nos interroguemos sobre los límites que pueden ponerse en los sistemas democráticos a la libertad de circulación de los ciudadanos, pues no está de más recordar que la mayoría de las Constituciones que regulan el “estado de alarma o emergencia” no mencionan ni hacen referencia a ninguna posibilidad de que los Gobiernos limiten dicha libertad. Casi tampoco, los derechos de reunión y manifestación, u otras medidas repetidas que figuran en los distintos decretos y resoluciones elaborados con enorme ligereza a la luz de los acontecimientos.
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