El examen especial practicado por la Contraloría General de la República (CGR) a la ejecución presupuestaria del 2017 de la Municipalidad de Mayor Otaño, Departamento de Itapúa, detectó indicios de daño patrimonial y graves irregularidades por más de G. 1.000 millones.
Las irregularidades detectadas por la Contraloría tienen que ver con el manejo de recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y royalties por parte de la administración del intendente colorado Pedro Chávez, durante el año 2017, en la Municipalidad de Mayor Otaño.
Leer la nota completa en Diario UltimaHora
