Anadelia Acosta Armoa y los tres imputados por el caso de apropiación que afectó a dos familias de Caaguazú ya tienen fecha de audiencia. La funcionaria
Anadelia Acosta Armoa y los tres imputados por el caso de apropiación que afectó a dos familias de Caaguazú ya tienen fecha de audiencia. La funcionaria pública y los otros acusados deberán presentarse ante el juzgado el 18 de octubre para la imposición de medidas cautelares. Este caso despertó gran interés debido a la magnitud de la presunta estafa y apropiación de fondos que ascendieron a G. 725 millones.
El caso está siendo seguido de cerca por la Fiscalía y la Contraloría. Según la fiscal Norma Salinas, aún hay dudas sobre cómo se realizaron ciertos acuerdos en el proceso. “Existen muchas aristas en el proceso que estamos determinando día tras día, atendiendo a que el escribano manifestó que él no realizó la escritura pública. Entonces, tendríamos que ver cómo se realizó el contenido”, señaló la fiscal.
El esquema bajo investigación involucra a cuatro personas, entre ellas, Acosta Armoa, funcionaria de la Cámara de Diputados, y Darío Aquiles Flores, abogado imputado por la apropiación de G. 725 millones de la indemnización que originalmente era de G. 800 millones. Los otros procesados son Ovidio Ramón Oviedo Brítez, pareja de Acosta, y su padre, Juan Ramón Acosta. Ambos actuaron como testigos en el cobro de los cheques ante el Banco Nacional de Fomento (BNF).
La fiscalía sostiene que los imputados desviaron fondos destinados a dos familias humildes que recibieron compensaciones de la ANDE por la muerte de parientes. Según Salinas, la investigación recopiló 26 evidencias contundentes. Aunque los cheques emitidos eran intransferibles, fueron cobrados a través de una carta poder que no tenía validez legal. La escritura pública, además, fue emitida en la localidad de Ybycuí, un detalle que levantó más interrogantes.
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