La Cámara de Senadores ha hecho bien en aprobar en general el proyecto de ley presentado por el senador Paraguayo Cubas que modifica seis artículos de la Ley N° 5033/13, referida a la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos, de los funcionarios. La iniciativa apunta a que los ciudadanos se enteren de su contenido a través de la Contraloría General de la República, es decir, del mismo órgano que se negó –mediante un recurso de inconstitucionalidad– a entregar a un periodista de este diario una copia de las declaraciones realizadas por quienes ejercieron los más altos cargos públicos entre 1998 y 2017. Considerando que todo ciudadano tiene derecho a conocer el estado patrimonial de sus asalariados, la iniciativa aprobada resulta plausible, pues busca que la ciudadanía sepa “con qué bueyes está arando”. Se entiende que los ladrones busquen la oscuridad, de modo que hay que hacer todo lo posible para echar luz sobre los bienes y las rentas de quienes están a sueldo de la gente. En un país donde la mayoría de los políticos quiere acceder a la función pública para enriquecerse y no para servir a la gente, será poca cualquier medida que tienda a desenmascarar a los ladrones públicos.
La Cámara de Senadores ha hecho bien en aprobar en general el proyecto de ley presentado por el senador Paraguayo Cubas que modifica seis artículos de la Ley N° 5033/13, referida a la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos, de los funcionarios. La iniciativa apunta, sobre todo, a que los ciudadanos se enteren de su contenido a través de la Contraloría General de la República, es decir, del mismo órgano que se negó a entregar a un periodista de este diario una copia de las declaraciones realizadas por quienes ejercieron los más altos cargos públicos entre 1998 y 2017.
En un fallo ejemplar, favorable a la transparencia, el juez penal de Garantías Rubén Riquelme hizo lugar en su oportunidad al recurso de amparo planteado contra dicha denegación, que no había sido fundamentada. El Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala de la Capital, integrado por Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Gustavo Ocampos, confirmó lo resuelto por el inferior, pero la Contraloría no se resignó y –muy presionada por quienes tienen mucho que ocultar– planteó una acción de inconstitucionalidad contra dicha sentencia. La Corte Suprema de Justicia aún no se ha expedido sobre...
La Contraloría invocó, ya en sede judicial, el art. 33 de la Constitución, referido al “derecho a la intimidad”, y el art. 3°, inc. 5°, de la ley antes citada, según el cual el declarante debe autorizar a la Contraloría, “a través de los órganos jurisdiccionales”, a dar a conocer los datos por él proveídos. El primer argumento fue desestimado por el camarista Mayor Martínez al señalar que los servidores públicos tienen un estándar de privacidad inferior al del común de la gente, y que, por tanto, brindar información sobre su patrimonio es más beneficioso para la salud pública que...
En cuanto al segundo argumento, el juez Riquelme había señalado que las declaraciones están en una fuente pública de información, que es libre para todos, según el art. 28 de la Carta Magna, a lo que cabe agregar que la Ley N° 5033/13 no dice “en forma expresa” que ellas sean secretas o reservadas, como exige la Ley N° 5882 para que su entrega pueda ser rehusada. Y bien, por si hubiera sido necesario poner en claro que todo ciudadano tiene derecho a conocer el estado patrimonial de sus asalariados, la iniciativa mencionada dispone que el declarante faculte a la Contraloría a “dar a conocer...
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