Con relación a las publicaciones sobre la competencia del Tribunal de Cuentas para juzgar la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio fiscal 2017, se aclara a la ciudadanía y a los medios de comunicación en general, que esta administración no tiene ninguna voluntad de apañar gestiones correspondientes a administraciones anteriores, atendiendo que la misión principal del Ministerio Público es precautelar el bien público, las garantías y derechos constitucionales y la investigación de cualquier hecho punible.
Con relación a las publicaciones sobre la competencia del Tribunal de Cuentas para juzgar la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio fiscal 2017, se aclara a la ciudadanía y a los medios de comunicación en general, que esta administración no tiene ninguna voluntad de apañar gestiones correspondientes a administraciones anteriores, atendiendo que la misión principal del Ministerio Público es precautelar el bien público, las garantías y derechos constitucionales y la investigación de cualquier hecho punible. Sin embargo, jurídicamente no se puede desconocer que existe un Acuerdo y...
Los documentos solicitados por la Contraloría Gral. de la República, corresponden al ejercicio fiscal 2017, y a la fecha en que la Dra. Sandra Quiñónez asume como máxima autoridad, los mismos ya fueron remitidos y ya se hallaban, casi en su totalidad, bajo Juzgamiento del órgano jurisdiccional de control.
Pese a tener conocimiento de estas remisiones realizadas con anterioridad, el Contralor General (quien se encuentra imputado por la Fiscalía de Delitos Económicos) envía llamativamente una nota a la Fiscalía General señalando la desafectación de una funcionaria. El actual contralor de la República, insiste de esta manera, sobre un acto improcedente del cual el mismo ya tenía conocimiento, antes de la asunción de la actual Titular del Ministerio Público.
No se puede perder de vista que el análisis de la Contraloría General de la República es una evaluación de carácter administrativo, sin embargo el Tribunal de Cuentas tiene la facultad de “determinar la responsabilidad de los que manejan los fondos públicos, en caso de detectar irregularidades, remitir para su procesamiento penal, y obtener la devolución de los montos malversados en caso de comprobarse”. Por otra parte, actualmente existen causas abiertas en el ámbito penal, por lo que desde la Fiscalía General no se puede preopinar, ni emitir juicio de valor alguno sobre las mismas.
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