En mi artículo anterior varios amigos me criticaron porque no aporté comentarios suficientes desde el lado constitucional, enfocándome solo en la parte económico-financiera de la discusión, que es lo que pretendo hacer ahora.
Insisto que en el debate previsional paraguayo se ha instalado una confusión peligrosa: la idea de que el “derecho adquirido” del jubilado equivale a un blindaje absoluto del régimen que lo financia, incluso cuando ese régimen se vuelve insostenible, desigual y confiscatorio para el resto de los ciudadanos.
Esa ficción jurídica —convertida en dogma— no resiste un análisis constitucional serio.
Y menos aún protege mecanismos de financiamiento que obligan a un ciudadano a sostener, con su propio patrimonio, beneficios ajenos que exceden toda razonabilidad.
El derecho adquirido existe; la obligación de otro ciudadano de financiarlo bajo un esquema ruinoso, no.
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