El terreno estatal donde se depositan los residuos es área protegida y podría concretarse la venta a la empresa ocupante. Vecinos aseguran que en el estero se elimina agua que proviene de la basura.
La mencionada empresa realizó un contrato con el Ministerio de Defensa para utilizar un total de 500 hectáreas por 20 años. El vencimiento del acuerdo será en enero del 2019, sin embargo, la semana pasada ambas cámaras del Congreso aprobaron que la finca pueda ser vendida a su actual inquilino. Ahora depende del Poder Ejecutivo que el terreno pueda pasar o no a nombre de la firma privada. La decisión del Legislativo se da a pesar de la recomendación hecha por la Contraloría General de la República en la que señala que debe suspenderse dicha actividad que altera los recursos naturales.
En el texto, firmado por el contralor José Enrique García, señala que debe "comunicarse a la Secretaría del Ambiente la imposibilidad de proseguir con cualquier actividad de disposición de residuos dentro de la finca Nº916, arbitrando para ello medidas y mecanismos para un plan de clausura y post clausura".
Contradicciones. El ministro de Seam, Rolando de Barros Barreto, manifestó a Radio Monumental que el vertedero ya estuvo antes de la declaración de área silvestre protegida. "Entonces qué recurso natural se puede cuidar dentro de esa área", aseguró. Afirmó que con el plan de manejo elaborado para el lugar se determinó conservar todo lo posterior a la finca. Dijo que la ubicación del vertedero no afecta a los humedales del Bajo Chaco.
No obstante, en otro momento sostuvo que lo ideal es trasladar la actividad a otra comunidad para alejar de la reserva y evitar que los residuos sean transportados por un puente tan delicado como lo es el de Remanso. Expuso que sumado con la empresa Sermat, encargada de residuos peligrosos y un asentamiento, son cerca de 7.500 hectáreas ya intervenidas en el sitio.
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