El abogado Jorge Rolón Luna presentó este martes ante la Secretaría Anticorrupción una denuncia de actuaciones irregulares de dos miembros de la máxima instancia judicial. Se tratan del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, y el anterior presidente César Diesel Junghanns, quienes habrían actuado contrariamente a las normativas legales en el marco de un litigio de tierras en zona de Seguridad Fronteriza valorados en US$ 500 millones.
El abogado Jorge Rolón Luna presentó este martes ante la Secretaría Anticorrupción una denuncia de actuaciones irregulares de dos miembros de la máxima instancia judicial. Se tratan del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, y el anterior presidente César Diesel Junghanns, quienes habrían actuado contrariamente a las normativas legales en el marco de un litigio de tierras en zona de Seguridad Fronteriza valorados en US$ 500 millones. Como representante de la Asociación del Espíritu Santo, el abogado Jorge Rolón Luna, se presentó hoy ante la Secretaría Nacional...
“Contiene un relatorio detallado de esta causa, desde sus inicios, y que compromete de manera muy clara la labor del Poder Judicial, ya que ha habido sentencias claramente violatorias de la Ley que podrían estar vinculadas a hechos de corrupción. De hecho hay una magistrada destituida, hay otros magistrados investigados en la causa, y finalmente una actuación contraria a la Ley de un ministro de la Corte Suprema de Justicia que han estudiado su propia recusación, en violación abierta a la Ley Procesal que rige este tipo de casos”, comentó el doctor Rolón Luna.
Explicó que se comunica a la SENAC porque eventualmente el Poder Ejecutivo podría tener una intervención en este caso, porque “de continuar estos hechos de corrupción deberá intervenir y advertimos que esa intervención se dará en sentencias nulas y en violación a la Ley”.
Recodemos que la abogada y exjueza de Primera Instancia, Tanía Irún, que fue destituida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) tras constatarse irregularidades en la sesión de transferencia de 310.000 hectáreas de tierra a empresas offshore, violando la Ley de Seguridad Fronteriza de la República del Paraguay, ahora soporta un proceso penal y está imputada por prevaricato.
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