Una especie de “crimen perfecto” se fue armando por parte de una familia de Capitán Meza, departamento de Itapúa, en contra de la señora Andrea Susana Eberhardt Roitner, quien había denunciado a su ex-marido Ronald Armín Lautenschlager Verruck, de connivencia dolosa con su padre y su abuelo para “robarle” literalmente una propiedad de centenares de hectáreas valuada en 5 millones de dólares, que había recibido como parte de un acuerdo de divorcio y que fuera inscripta en los registros públicos a su nombre y en el de su hija menor nacida precisamente del matrimonio ahora disuelto. Con el concurso venal de magistrados dispuestos a todo para distorsionar el derecho, ni seis meses después de la anotación en los registros públicos, realizada en noviembre de 2015, en abril de 2016 la jueza en lo civil Nancy Larré, de San Juan Bautista (Misiones), fuera de la circunscripción natural del caso que es Itapúa, ya comunicaba la medida cautelar de no innovar sobre los inmuebles recibidos con autorización judicial tras el divorcio de la pareja formada por Andrea Susana Eberhardt y Ronald Armín Lautenschlager. Ahí recién pudo saber que el padre de Ronald Armín, Fritz Armín Lautenschlager, es quien se presenta ante la jueza Larré de San Juan Bautista para atacar de nulidad las escrituras públicas de 2009 y 2012 que sirvieron de base para la cesión del 50 por ciento de los bienes de la disolución conyugal de 2015, a favor de Andrea Susana. Fueron presentados ante la fiscalía los hechos que configuraron el atropello al derecho de propiedad de la señora Eberhardt, siendo denunciados, tanto el promotor de la nulidad de los títulos de propiedad, Fritz Armín Lautenschlager, como su hijo Ronald Armín, el exesposo de Andrea Susana.
La denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra la fiscala Carolina Valdez Florentín, de Encarnación, pone de evidencia el peligro de la colusión del Ministerio Público con los poderes fácticos, en contra de los intereses auténticos de la sociedad.
La fiscala Carolina Valdez Florentín, de la ciudad de Encarnación (Itapúa), fue denunciada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por no investigar una grave denuncia de estafa en el que están en litigio tierras de valor multimillonario, entre ellas una valiosa finca de Iruña (Alto Paraná) poniendo en peligro el derecho de propiedad solventado en escritura pública y asentado en los Registros Públicos.
Con la falta de investigación de la fiscalía está en entredicho el papel rector del Ministerio Público en los procesos penales, dejando así un precedente nefasto de indefensión de la sociedad ante el accionar doloso de poderes fácticos y de organizaciones de tipo criminal para el despojo de propiedades con la anuencia de las autoridades judiciales.
Una especie de “crimen perfecto” se fue armando por parte de una familia de Capitán Meza, departamento de Itapúa, en contra de la señora Andrea Susana Eberhardt Roitner, quien había denunciado a su ex-marido Ronald Armín Lautenschlager Verruck, de connivencia dolosa con su padre y su abuelo para “robarle” literalmente una propiedad de centenares de hectáreas valuada en 5 millones de dólares, que había recibido como parte de un acuerdo de divorcio y que fuera inscripta en los registros públicos a su nombre y en el de su hija menor nacida precisamente del matrimonio ahora disuelto.
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