La abogada Diana Vargas, experta en Derechos Humanos, acusa a Miguel Godoy de recaudar más de G. 2.000 millones 'enmarañando' la normativa para obligar a objetores de conciencia a pagar la multa.
La figura legal por la cual Godoy es señalado es exacción (exigencia de pago ilegal).
“Lo que se denuncia es el cobro de una contribución o tasa a quienes no están obligados a pagar. Estamos hablando de más de 4.000 jóvenes y en total es más de G. 2.000 millones, comprendiendo los años 2019 al 2021. Lo que hizo este señor fue una interpretación antojadiza de la ley Nº 4013/10, que es la que reglamenta la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es un derecho constitucional y pueden ser por razones éticas, religiosas y su reglamentación incluye un carácter punitivo. La ley, en su artículo 21, estipula que, para quienes se hayan declarado objetores de conciencia antes...
En ese orden, aclaró que esa disposición solo rige a ese sector reducido de la población. Posterior a la entrada en vigencia de esa normativa, “se sigue un proceso diferente para obtener el carnet de objetor”. Sin embargo, señaló que “este defensor del Pueblo no se ocupó de realizar el servicio civil sustitutivo, pero sí se ocupó de enmarañar el asunto para que se entienda que cualquiera que sea objetor tiene la obligación de pagar esa contribución sin hacer el servicio civil sustitutivo. Eso contradice la ley”, dijo Vargas.
Citó que incluso la institución a su cargo cobraba a las empresas que tenían a jóvenes objetores de conciencia y que con hasta las comunidades menonitas procedía de la misma manera.
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