La sostenibilidad de la Caja Fiscal no depende únicamente de ajustes paramétricos o de cambios en la edad de jubilación. El reciente análisis actuarial del sistema dado a conocer por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pone el foco en un conjunto de riesgos que operan de manera silenciosa y acumulativa desde lo demográfico, lo económico y el propio diseño normativo.
Estos factores, que muchas veces quedan fuera del debate público, explican por qué el desequilibrio del sistema no responde a un problema coyuntural, sino a tensiones estructurales que se
El primer bloque de riesgos es demográfico. La esperanza de vida al nacer y, especialmente, a los 60 años, ha crecido de forma sostenida. A esa edad, el sistema proyecta el pago de jubilaciones durante aproximadamente 19 años para los hombres y 21,4 años para las mujeres. Esta mayor longevidad implica que la caja debe financiar beneficios por más tiempo del que originalmente fue concebido el régimen, elevando el costo de las pensiones y la necesidad de reservas más elevadas.
A lo anterior se suma la relación entre activos y pasivos. A diciembre de 2023, el sistema registraba en promedio tres aportantes por cada jubilado. Sin embargo, la relación varía significativamente entre regímenes: mientras en el caso de los magistrados judiciales se observan 15,2 activos por pasivo, en las Fuerzas Armadas la relación apenas alcanza 2,1.
Una ratio inferior a 5:1 ya constituye una señal de presión financiera relevante. Este desbalance evidencia que el problema no es homogéneo, sino que responde a estructuras internas muy dispares.
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