Si el presidente del Indert, Justo Cárdenas, no anula la inscripción de la “mensura de la mentira” de Barbero Cue (San Pedro), los campesinos donatarios de estas tierras promoverán en su contra una demanda penal por lesión de confianza y producción de documentos públicos de contenido falso. Así lo advirtió la abogada de los labriegos, Leticia Almada Paoli.
Según dijo Almada, la mensura que recientemente inscribió el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) debe ser revertida y cancelada, pues se hizo violando la ley durante la gestión del cuestionado extitular Luis Ortigoza. “La mensura del Indert se hizo en el 2012 al solo efecto de blanquear ocupaciones ilegales, violando el tratado internacional por medio del cual se donaron las tierras para los campesinos y yendo el contra del título de la finca 231”, afirmó.
Esa medición judicial arrojó como resultado 14.090 Ha., una superficie menor a la que indica el título de propiedad, razón por la cual los labriegos la bautizaron como la “mensura de la mentira”. Posteriormente, los donatarios iniciaron una segunda mensura, que culminó esta semana y que arrojó el resultado de 18.500 Ha.
“El perito de la anterior mensura, Carlos Vera, no realizó su trabajo de acuerdo al Reglamento del Agrimensor, que en uno de sus artículos claramente expresa que debe plasmar en el campo lo que reza el título. Al contrario, Vera fue desmembrando y deslindando a gusto y paladar, acorde a intereses espurios de firmas ganaderas, y desempeñando también el papel de juez y defensor particular de terceros. El perito nunca pudo haber descontado la superficie, ya que si otros ocupantes exhiben títulos, la cuestión debe resolverse en otro tipo de juicios”, resaltó Almada.
La abogada explicó que la inscripción realizada por Cárdenas fue ilegal, pues se crearon padrones distintos al original, lo cual considera una producción de documentos públicos de contenido falso; además, se anotó ante los Registros Públicos y Catastro sin contar con la escritura pública de transferencia, que debía expedir la Escribanía Mayor de Gobierno por tratarse de una donación vía tratado.
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