La Ley N° 1.539/99 creó un Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), interno y externo, para que en las entidades públicas haya mecanismos de supervisión, evaluación y control de gestión. El control interno previo compete a los responsables de la administración y el posterior a la Auditoría Interna institucional y a la general del Poder Ejecutivo, mientras que el control externo está a cargo de la Contraloría General de la República. En noviembre de 2008, el decreto reglamentario adoptó el Modelo Estándar de Control Interno para las entidades públicas del Paraguay (MECIP), elaborado por la Contraloría, que fue modificado en 2015. En mayo último, este organismo empezó a evaluar “el grado de madurez” del sistema de control interno (SCI), “primera línea de defensa de la protección de los bienes y el patrimonio público”. Se propuso detectar varios aspectos. Y bien, los resultados de la bienintencionada evaluación, conocidos en agosto, fueron desastrosos. En suma, el 70% de las más de 300 entidades públicas evaluadas se aplazó.
La Ley N° 1.539/99 creó un Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), interno y externo, para que en las entidades públicas haya mecanismos de supervisión, evaluación y control de gestión. El control interno previo compete a los responsables de la administración y el posterior a la Auditoría Interna institucional y a la General del Poder Ejecutivo; el control externo está a cargo de la Contraloría General de la República. En noviembre de 2008, el decreto reglamentario adoptó el Modelo Estándar de Control Interno para las entidades públicas del Paraguay (MECIP), elaborado por la...
En mayo último, este organismo empezó a evaluar “el grado de madurez” del sistema de control interno (SCI), “primera línea de defensa en la protección de los bienes y el patrimonio público”. Quiso detectar el nivel de conocimiento y compromiso de los jerarcas con dicho sistema, así como alentarles a basar su liderazgo en la idoneidad y a promover la capacitación del personal. Otro aspecto “fundamental” del SCI, según la Contraloría, es “el cambio de mentalidad y paradigma de los servidores públicos, abandonando las malas prácticas y costumbres, y asumiendo valores y actitudes necesarios...
Y bien, los resultados de la bienintencionada evaluación, conocidos en agosto, fueron desastrosos, pero nada sorprendentes para quien tenga alguna idea de cómo funciona el aparato estatal. En suma, el 70% de las más de 300 entidades públicas evaluadas se aplazó. Es más, muchas de ellas ni siquiera habían empezado a aplicar el SCI, lo que les valió la calificación de 0, que correspondería a un “nivel de madurez deficiente”, en cada uno de los cinco aspectos del control internos examinados.
Entre las que no han hecho nada o muy poco para aplicar lo que ordena la ley reglamentada hace once años figura un par de empresas estatales. Una de ellas es Petróleos Paraguayos (Petropar), cuya máxima autoridad –hoy Patricia Samudio– y su equipo directivo no habrían demostrado liderazgo ni compromiso con la incorporación y efectiva aplicación del SCI. Tampoco lo habrían demostrado los jerarcas de Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa), Cañas Paraguayas SA (Capasa) y Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (Essap).
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