Puro papel mojado. De nada sirvió la Carta Democrática Interamericana solemnemente firmada en Lima en el 2001 por los 34 países miembros de la OEA. Sesenta muertos, cientos de heridos y torturados y más de dos mil detenidos, pero la Organización de Estados Americanos no pudo ponerse de acuerdo para condenar al régimen de Venezuela tras la deriva totalitaria adoptada por Nicolás Maduro.
Casi todos los países del CARICOM, que son aproximadamente los mismos de Petrocaribe, la Odebrecht venezolana, corrompidos a punta de petrodólares, le vendieron al chavismo la conciencia democrática y la compasión por los muchachos que luchan y mueren por la libertad.
Formaron un club de estómagos agradecidos, secretamente coordinados en este evento por la cancillería venezolana controlada por los hábiles operadores políticos de la Dirección de Inteligencia (DI) cubana, presidida por el general Eduardo Delgado Rodríguez, para oponerse a la resolución presentada por EE.UU., Canadá, México, Perú y Panamá, aportando una declaración alterna, totalmente anodina, que no tenía otro objeto que impedir la mayoría calificada que exigía el reglamento de la OEA para forjar una declaración conjunta.
La población combinada de los 15 Estados afiliados al CARICOM es apenas un 5% del censo de las naciones decididas a censurar a Maduro, pero la ficción democrática que impera en la OEA determina que el voto de Monserrat, una excrecencia geológica con menos de 6.000 habitantes poseedores de una bandera, un himno, una gasolinera y dos farmacias, vale lo mismo que el de Brasil.
Es decir, Raúl Castro y Nicolás Maduro súbita y hábilmente dotaron de política exterior a unos minúsculos países que carecían de ella, con el objeto de bloquear la acción de unas naciones que pretendían cumplir con el compromiso moral contraído por todos en la Carta Democrática Interamericana.
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